El ex mandatario calificó en febrero de 2009 a la entidad bancaria como “una lavandería de recursos mal habidos, de recursos venezolanos, y de recursos de corrupción”, cuando el Ministerio Público investigaba el destino de 450.000 dólares de un fideicomiso barajado por al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, contratado para construir, por 86 millones de dólares, una planta de licuables en la zona central de Río Grande, por encargo de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Recordó que Quiroga se refirió al tema en todos los medios de prensa, luego del escándalo desatado en enero de 2009 cuando un pistolero asesinó a O’Connor D’Arlach en una calle de La Paz

O’Connor D’Arlach fue tiroteado por resistir la entrega de un portafolio en que llevaba consigo, con casi medio millón de dólares -que había retirado de la oficina central del Banco Unión, en el centro de La Paz-, destinado a una supuesta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, preso en una cárcel de La Paz.
“Esas declaraciones ocasionaron que el Banco inicie un proceso por calumnias y ayer nos sorprendimos por un fallo aberrante, de que mi cliente será privado de libertad por dos años y ocho meses”, protestó Alemán.

Asimismo, manifestó que el miércoles venidero Quiroga se presentará a la audiencia de lectura del fallo, en el Tribunal III de Sentencia, para escuchar los fundamentos y argumentos del dictamen del Juez, con el fin ejecutar los recursos que le franquea la Ley.

El representante legal del Banco Unión, René Arzabe, informó el sábado que el juez del Tribunal III de Sentencia, René Delgado, sentenció a más de dos años de prisión al ex presidente Quiroga por el delito de difamación
“Efectivamente el juez René Delgado, sentenció a Jorge Tuto Quiroga a 2 años y 8 meses de prisión en la cárcel de San Pedro (La Paz), por haber emitido declaraciones difamatorias en contra del Banco Unión”, indicó en declaraciones a la estatal Bolivia TV.

Mediante decreto supremo, el Banco Unión recibió 45 millones de dólares otorgados por Yacimientos Políticos Fiscales Bolivianos a la sociedad occidental Catler Unicervice, presidida por O’Connor D’Arlach, en calidad de fideicomiso, con el fin de financiar la mitad del costo para la construcción de la Planta de Extracción de Licuables (gas licuado y gasolina natural), proyecto que dio por tacho a causa de una corruptela millonaria en la estatal petrolera.

La pasada semana la Autoridad de Fiscalización de Empresas inició una investigación para establecer la verdad sobre una supuesta entrega de 12 millones de dólares, por parte de SOBOCE a la Universidad de Chuquisaca que, junto a la Alcaldía de Sucre, posee el 66,66% de las acciones, con el fin de controlar FANCESA por vía del ejercicio de la Presidencia del Directorio y cosa de dejar de lado el derecho societario del municipio.

Señaló que la transferencia de FANCESA a manos de SOBOCE se realizó cambiando “las reglas de fuego”, de forma anómala que será descubierta con la investigación.

Asimismo, Chávez propuso que se indague a todas las empresas estatales que fueron privatizadas, porque existe la posibilidad de que los beneficiarios de las transferencias “rompieran todas las reglas de juego”.

Explicó que FANCESA era, en 1999, cuando un tercio de sus acciones pasó a manos de la empresa de Doria Medina, una sociedad anónima, “la cual no necesitaba que la privaticen”.

De todas formas, la transacción debió regirse, en un marco de transparencia, al Código de Comercio, que identificaba el modo de transferencia.

El gobierno del presidente Evo Morales promulgó el pasado miércoles en la ciudad de Sucre un Decreto Supremo para revertir, por “tráfico de influencias” y a favor de la Gobernación de Chuquisaca, el 33,34% deFANCESA, del magnate del cemento Doria Medina.

“La Constitución ordena que se organice el SUS, que garantice el derecho a la salud y el acceso de todos los habitantes de todo el territorio nacional con carácter universal, gratuito, equitativo, intercultural, intracultural con calidad, control e incluye la medicina natural”, explicó la ministra.

El SUS incentiva la unión del sector público, la seguridad social y de la medicina tradicional.

El plan que sustenta el SUS tiene carácter quinquenal.

Según datos de esa cartera de Estado, ese beneficio alcanzará al 70% de la población boliviana de 10.millones de habitantes.

El restante 30% tiene seguridad social.

El anteproyecto de Ley del Sistema Único de Salud resume lo encomendado por la Constitución, cuyo artículo 18 consagra “el derecho de toda la población boliviana al acceso a la salud mediante el Sistema Único de Salud”.

En esa línea, esa nueva norma permitirá universalizar el derecho a la salud de toda la población boliviana a partir de 2011, después que la norma se apruebe en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El anteproyecto prevé la implantaciónde la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci), que tiene como pilar fundamental la prevención y promoción de la salud.

Además garantiza el acceso de la población a los medicamentos, priorizando una política de medicamentos, esenciales y genéricos.

El financiamiento de esa nueva política, alcanzará a aproximadamente a 420 millones de dólares, 120 millones más de lo que el Tesoro General de la Nación invierte actualmente en salud.

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